Alertan sobre incremento de fraudes inmobiliarios digitales en México
Autoridades advierten sobre el alza en engaños al comprar vivienda por internet y recomiendan verificar la legalidad de los inmuebles antes de realizar pagos.

El ecosistema digital en México ha registrado un notable incremento en los fraudes inmobiliarios durante los últimos meses, afectando a ciudadanos que buscan adquirir o rentar una vivienda a través de plataformas digitales. Los incidentes, reportados principalmente en zonas metropolitanas de alta densidad, involucran la suplantación de identidad de empresas inmobiliarias y la oferta de inmuebles inexistentes con precios significativamente inferiores a los del mercado real para captar el interés de compradores incautos.
Especialistas en seguridad cibernética y organismos dedicados a la protección del consumidor señalan que los estafadores suelen utilizar perfiles falsos en redes sociales y sitios web clonados para ganar la confianza de las víctimas. Una vez establecida la comunicación, los delincuentes ejercen presión psicológica sobre los interesados, instándolos a realizar depósitos inmediatos por concepto de apartado o trámites administrativos con la promesa de asegurar la propiedad antes que otros competidores.
Ante este panorama, las autoridades sugieren extremar precauciones y desconfiar sistemáticamente de ofertas que resulten demasiado atractivas o que exijan transferencias bancarias urgentes sin haber visitado físicamente el inmueble. Es fundamental corroborar que la empresa inmobiliaria cuente con un registro legal vigente y solicitar la documentación que acredite la propiedad ante el Registro Público de la Propiedad, evitando entregar recursos económicos sin la firma de un contrato formal ante notario público.
La estrategia de prevención promovida por expertos incluye la verificación de la identidad del vendedor y la realización de búsquedas detalladas en internet sobre la reputación de la agencia o persona física involucrada. En caso de detectar anomalías, se recomienda presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales, con el objetivo de facilitar el seguimiento de las investigaciones y prevenir que más familias resulten afectadas por este tipo de ilícitos cibernéticos.
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