Desalojo en Cayos Cochinos genera protestas contra intereses empresariales
Habitantes originarios de la comunidad de Uva en Honduras fueron desalojados por fuerzas de seguridad tras una orden judicial, detonando manifestaciones.

Habitantes de la comunidad de Uva, ubicada en el archipiélago de Cayos Cochinos en Honduras, fueron desalojados de sus tierras este fin de semana por elementos de la policía local. La intervención se ejecutó en cumplimiento de una orden emitida por un juez civil, lo que provocó la movilización inmediata de pobladores originarios que reclaman el derecho ancestral sobre sus territorios frente a proyectos de desarrollo turístico vinculados a intereses del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego.
El desalojo, que se desarrolló durante las primeras horas del domingo, ha generado una serie de protestas en diversas localidades cercanas al archipiélago. Los manifestantes señalan que la resolución judicial favorece intereses privados en detrimento de la población local, quienes han habitado y trabajado la zona por generaciones. La tensión en la región ha crecido conforme los pobladores han comenzado a bloquear accesos y a denunciar la falta de garantías en el debido proceso legal.
Representantes de los afectados han declarado que no fueron notificados formalmente sobre el alcance de la sentencia antes de la llegada de las fuerzas del orden. Por su parte, los grupos defensores de derechos humanos han hecho un llamado a las autoridades hondureñas para revisar el caso y evitar un escalamiento de la violencia. La situación ha puesto bajo la lupa internacional las disputas territoriales en zonas protegidas de Centroamérica.
La controversia también ha resonado en círculos empresariales y políticos, dado que el nombre del presidente de Grupo Salinas ha sido señalado directamente por los activistas como parte del conflicto. Hasta el momento, no se han emitido comunicados oficiales por parte de las empresas involucradas, mientras que los habitantes de Uva mantienen un plantón pacífico en los límites de la zona desalojada, exigiendo el cese de los trabajos de construcción y el respeto a sus derechos agrarios.
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