FGR imputa a Fernando Farías Laguna por presunta red de huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) inició este domingo 23 de agosto de 2026 el proceso judicial contra Fernando Farías Laguna, quien es señalado por su presunta responsabilidad en una red dedicada al denominado huachicol fiscal. La audiencia inicial se llevó a cabo ante un juez de control en las instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal, comenzando a las 5:30 horas de esta mañana en la Ciudad de México.

Durante la sesión, el Ministerio Público Federal expuso los primeros elementos de prueba que vinculan al imputado con operaciones financieras irregulares y el contrabando de combustibles. Según la acusación preliminar presentada por los fiscales, la red habría operado mediante la falsificación de pedimentos de importación y el uso de empresas fachada para evadir el pago de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Tras la exposición de los cargos, la jueza de control a cargo del caso decretó un receso técnico en la audiencia para permitir que la defensa analizara los nuevos documentos presentados por la representación social. Se prevé que la diligencia se reanude a lo largo de esta mañana, momento en el cual se determinará si el imputado será vinculado a proceso o si se solicitará la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.

La investigación, que ha sido desarrollada en coordinación con autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, busca desmantelar una estructura que, según reportes previos, habría causado afectaciones significativas a las finanzas públicas. El caso se mantiene bajo estricta vigilancia por parte de las autoridades federales, quienes han señalado que continuarán con las indagatorias para identificar a otros posibles implicados en la red ilícita.

Este proceso judicial se suma a las acciones emprendidas por el Gobierno Federal para combatir la evasión de impuestos en el sector energético. Representantes legales del Estado han manifestado que el objetivo principal es garantizar la transparencia en la comercialización de hidrocarburos y proteger los ingresos del erario nacional contra prácticas que afectan la estabilidad económica del país.