INE solicita a la ASF fiscalizar contratos realizados durante una década

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha solicitado formalmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la realización de una revisión profunda sobre el uso de recursos públicos destinados a compras, arrendamientos y servicios. Esta petición abarca un periodo de una década, comprendido entre los años 2016 y 2026, con el objetivo de transparentar el ejercicio presupuestal del organismo autónomo.

La solicitud del INE busca fortalecer la rendición de cuentas institucional ante la ciudadanía. A través de este proceso, el instituto pretende que la ASF analice la legalidad, eficiencia y transparencia en los procesos de contratación que se han llevado a cabo durante los últimos diez años, garantizando que cada peso gastado se haya apegado a la normativa vigente en materia de adquisiciones federales.

El alcance de esta auditoría será integral, incluyendo desde la planeación de las compras hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los proveedores. La ASF, como órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados, será la encargada de determinar los mecanismos para auditar este periodo extenso, lo cual podría implicar la revisión de contratos de gran escala relacionados con infraestructura, servicios tecnológicos y suministros operativos del instituto.

Esta medida se enmarca en las políticas internas de fiscalización que el INE ha decidido implementar para asegurar la integridad de sus procesos administrativos. Al solicitar la intervención de la ASF, el instituto busca descartar irregularidades administrativas y asegurar que los recursos destinados a la organización de las elecciones y la operación institucional hayan sido ejercidos bajo los principios de austeridad y transparencia.

Se espera que, tras la formalización de esta solicitud, ambas instituciones establezcan un calendario de trabajo para el inicio de las revisiones de campo y el análisis documental. La fiscalización es vista como un paso necesario para mantener la confianza pública en el organismo electoral, proporcionando claridad sobre el manejo de los recursos en la última década de gestión institucional.