Hilar Fino

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miércoles, 16 de septiembre de 2026

México

Proponen en Cámara de Diputados fijar plazo máximo para pago de finiquito

Una iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados busca reformar la Ley Federal del Trabajo para obligar a las empresas a liquidar finiquitos en un periodo de tres días naturales.

Redacción Hilar Fino
Foto: eleconomista.com.mx

Un grupo parlamentario en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) con el objetivo de establecer un plazo máximo de tres días naturales para el pago del finiquito. La propuesta busca eliminar la ambigüedad normativa actual, la cual genera incertidumbre en los trabajadores al momento de concluir una relación laboral por voluntad propia o término de contrato. Los legisladores argumentan que esta medida protegerá la economía de las familias mexicanas al garantizar el acceso inmediato a sus recursos legales.

La iniciativa contempla que, en caso de incumplimiento por parte del empleador, se activen mecanismos de sanción administrativa más estrictos bajo la supervisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). El documento subraya que la falta de un plazo preciso en la legislación vigente ha permitido que algunas empresas retrasen el pago de prestaciones devengadas, tales como aguinaldos proporcionales, vacaciones no gozadas y primas vacacionales. Esta dilación afecta principalmente a trabajadores de sectores con alta rotación de personal, quienes dependen de estos ingresos para su subsistencia inmediata.

De ser aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente por el Senado de la República, la reforma representaría un cambio significativo en la protección de los derechos laborales en México. La propuesta también plantea que el pago deberá realizarse mediante transferencia bancaria o cheque certificado para asegurar la trazabilidad del movimiento financiero y evitar posibles irregularidades contables ante el SAT. Según los impulsores de la medida, este marco legal fortalecería la certeza jurídica para ambas partes, reduciendo el número de controversias que actualmente saturan los tribunales laborales.

Finalmente, el equipo de trabajo encargado de la iniciativa destacó que el ajuste normativo no pretende imponer cargas financieras adicionales a las empresas, sino simplemente regular los tiempos de entrega de dinero que ya pertenece al trabajador. El proyecto será turnado a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación en las próximas semanas. Se espera que el debate incluya las perspectivas de los representantes patronales y de las centrales obreras para alcanzar un consenso que garantice un equilibrio en el mercado laboral nacional.

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