Robo a transporte de carga genera pérdidas de 7 mil millones pesos

El sector del transporte de carga en México reportó pérdidas económicas estimadas en 7 mil millones de pesos durante el último año, derivado de la persistencia de robos en carreteras federales. La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (AMESIS) documentó esta cifra, señalando que, a pesar de los riesgos constantes, el índice de asaltos a unidades de carga registró una disminución del 22% al cierre de 2025 en comparación con el ejercicio anterior.

El fenómeno delictivo afecta principalmente a las rutas que conectan los centros logísticos del centro y occidente del país. Según los datos del sector, la implementación de protocolos de monitoreo satelital y la coordinación interinstitucional han sido factores determinantes en la baja de incidentes. No obstante, las empresas del ramo subrayan que la inseguridad en tramos carreteros sigue siendo un desafío operativo que impacta los costos de logística y seguros para las compañías transportistas.

Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se mantiene la estrategia de vigilancia en los corredores logísticos prioritarios con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional. El objetivo de las autoridades federales es fortalecer la presencia disuasiva en las autopistas de mayor flujo mercantil, buscando consolidar la tendencia a la baja observada durante los meses recientes. Los transportistas han manifestado la necesidad de mantener una comunicación constante con las fuerzas federales para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en tiempo real.

Por su parte, los representantes de la industria han propuesto la actualización de los protocolos de seguridad electrónica y la mejora en la iluminación de puntos críticos identificados en la red carretera nacional. Estas medidas buscan no solo reducir las pérdidas financieras que afectan la cadena de suministro, sino también garantizar la integridad física de los operadores de carga. La colaboración entre el sector privado y las instituciones de seguridad pública permanece como la estrategia central para mitigar los riesgos en las vías de comunicación del país.