Segob prepara nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa

La titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Rosa Icela Rodríguez, anunció que el Gobierno Federal trabaja actualmente en la elaboración de un nuevo informe integral sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Este documento busca consolidar los avances obtenidos en las investigaciones recientes y ofrecer un panorama detallado sobre el estatus de las indagatorias que se realizan en coordinación con otras dependencias federales.

Durante su intervención, la funcionaria subrayó que la instrucción del Ejecutivo es mantener una política de puertas abiertas y total transparencia con las familias de los jóvenes. Rodríguez enfatizó que, bajo esta administración, no habrá impunidad en el caso, reiterando que la prioridad es llegar a la verdad sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero. La dependencia señaló que se mantienen las mesas de diálogo con los representantes legales de los padres de familia para dar seguimiento puntual a cada una de las líneas de investigación abiertas.

El equipo de trabajo de la SEGOB indicó que el nuevo informe integrará información recabada por la Fiscalía General de la República (FGR) y el apoyo de las fuerzas de seguridad federales. El objetivo principal es fortalecer los expedientes judiciales que permitan fincar responsabilidades contra quienes participaron en los hechos o encubrieron la verdad en años anteriores. Según lo expuesto por las autoridades, el proceso de recolección de datos sigue su curso para asegurar que los hallazgos tengan sustento jurídico sólido.

Finalmente, la Secretaría de Gobernación reiteró que el compromiso de no permitir la impunidad es un mandato central de la actual gestión. Se espera que, una vez concluido el análisis técnico y documental, los resultados sean presentados a los familiares de los normalistas antes de ser difundidos ante la opinión pública nacional. El Gobierno Federal mantiene su postura de colaborar con los organismos internacionales y nacionales que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos en el país.