Exigen justicia y seguridad para trabajadores mineros en Sinaloa

Representantes de la industria minera en México exigieron hoy a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo implementar medidas urgentes de seguridad en Sinaloa, tras registrarse casos de mineros desaparecidos y asesinados en la entidad. El gremio señaló que la situación de inseguridad ha alcanzado niveles críticos, afectando la integridad física de los trabajadores y la estabilidad operativa en diversas zonas mineras de la región serrana. Los afectados sostienen que estas víctimas no deben reducirse a una estadística, por lo que urgieron a las autoridades a esclarecer los hechos y frenar la violencia que impacta a las comunidades extractivas.

La petición presentada ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) solicita un refuerzo en la presencia de la Guardia Nacional en las rutas de acceso y en los centros de trabajo ubicados en municipios con alta incidencia delictiva. Los empresarios del sector argumentan que la falta de garantías impide el desarrollo normal de las actividades y pone en riesgo constante a cientos de familias que dependen directamente de esta fuente de empleo. Asimismo, han solicitado mesas de diálogo permanentes para coordinar estrategias de vigilancia con el gobierno estatal y las fuerzas federales.

Por su parte, fuentes de la Secretaría de Gobernación indicaron que se revisarán los protocolos de seguridad en las zonas mencionadas para determinar nuevas líneas de acción. La propuesta gubernamental se centra en el fortalecimiento de la inteligencia operativa y la coordinación con las fiscalías locales para avanzar en las investigaciones vigentes. El compromiso oficial ha sido mantener la comunicación abierta con los representantes de las cámaras mineras para evaluar la situación de riesgo de manera periódica.

La preocupación de los trabajadores y las empresas se extiende a la necesidad de recuperar la paz en las áreas de operación, donde la inseguridad ha forzado en ocasiones la suspensión temporal de labores. Los portavoces del sector reiteraron que la minería es un motor económico vital para el estado y que la protección de la vida humana debe ser el eje central de cualquier política pública implementada en la región. Se espera que en los próximos días se definan los mecanismos específicos de protección que serán aplicados en las inmediaciones de las minas afectadas.