La SCJN ordena juzgar desapariciones de defensoras con perspectiva de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica al determinar que todas las investigaciones relacionadas con la desaparición de mujeres que realizan labores de defensa de derechos humanos deben abordarse obligatoriamente con perspectiva de género e interseccionalidad. Esta decisión judicial establece un estándar vinculante para jueces y fiscalías en todo el país, eliminando la discrecionalidad al momento de procesar casos donde la labor social de la víctima sea un factor determinante en su sustracción o agresión.

La Corte argumentó que el contexto de violencia sistemática contra las personas defensoras en México exige que las autoridades no analicen estos hechos como delitos aislados. Al integrar el enfoque de género, los juzgadores deberán considerar las vulnerabilidades específicas y las estructuras de poder que enfrentan las mujeres en sus comunidades, garantizando así que no existan omisiones en la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia.

El fallo subraya que la interseccionalidad es esencial para comprender cómo el origen étnico, la condición socioeconómica y el territorio donde operan las defensoras incrementan su riesgo. Según el criterio del máximo tribunal, ignorar estos factores en las carpetas de investigación constituye una violación a las garantías judiciales y perpetúa la impunidad en casos de alto impacto social.

Esta determinación obliga a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales a modificar sus protocolos de actuación inmediata. La SCJN precisó que esta perspectiva no es una opción interpretativa, sino un mandato constitucional derivado de las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos, orientado a prevenir la revictimización y asegurar la debida diligencia.

Organizaciones de la sociedad civil han señalado que esta sentencia representa un avance significativo para la protección de quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos y el territorio. Se espera que en los próximos meses las instituciones de procuración de justicia comiencen a implementar los ajustes necesarios en sus manuales de operación para cumplir con los estándares fijados por el Poder Judicial.